Congreso Envía el Dream Act al Senado

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley Dream Act, una histórica medida que permite la legalización de los estudiantes indocumentados, en medio de pugnas partidistas sobre la inmigración ilegal en el país.

La votación, 216-198, sobre líneas partidistas, ocurrió tras una hora de agitado debate en el que los demócratas cantaron las bondades de la medida y los republicanos, con raras excepciones, la tildaron como una “amnistía” inmerecida para quienes entraron ilegalmente a EE.UU.

“Es importante que reconozcamos a estos niños que vienen de todas partes. No cuesta dinero y más bien aporta a las arcas del Tesoro”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El Dream Act autoriza la legalización de estudiantes indocumentados que llegaron a EE.UU. antes de los 16 años, tengan cinco años de estancia en el país, cumplan dos años de universidad o se inscriban en las Fuerzas Armadas, entre otros requisitos.

Su debate reflejó las insolubles diferencias ideológicas de la clase política sobre cómo corregir el sistema migratorio, en el que pululan alrededor de once millones de extranjeros clandestinos.

El Senado postergó hasta mañana un voto de procedimiento clave que, si prospera sin obstrucción republicana, limitará a 30 horas el debate de su versión de la iniciativa y proceder al voto.

Ambas medidas tendrán que ser armonizadas para convertirse en ley.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, y miembros de su Gabinete, así como toda una legión de estudiantes, grupos proinmigrantes, cívicos, empresariales, sindicalistas y religiosos, han presionado a favor de los llamados “soñadores”, o beneficiarios de la medida.

La secretaria del Trabajo, Hilda Solís, aseguró que “no hay mejor inversión” que el Dream Act porque ayudará a reducir el déficit mediante la recaudación de impuestos y aumentará las filas de futuros profesionales y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los partidarios del Dream Act llegaron al debate repletos de anécdotas y estadísticas -algunos con referencias bíblicas o patrióticas- para explicar que no es una dádiva del Gobierno, los estudiantes no son criminales y no es justo castigarlos por las decisiones de sus padres.

Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois, argumentó que los estudiantes son “americanos en todo, solo que no tienen papeles” y el Congreso “debe darle a ellos la oportunidad” de regularizarse.

Su colega demócrata por Nueva York, Elliot Engel, afirmó que “el cielo no va a derrumbarse si se aprueba esta legislación, es algo bueno para nuestro país”.

Pero los republicanos, entre ellos el futuro presidente del Comité Judicial, Lamar Smith, machacaron que la medida es una “pesadilla” que premia la ilegalidad, alentará el fraude y la inmigración ilegal, y supondrá una mayor carga pública para EE.UU., que ya afronta graves problemas económicos.

“El pueblo estadounidense se opone tajantemente a este proyecto de ley… es una pesadilla y beneficiará a inmigrantes ilegales con programas que apenas podemos costear” para los estadounidenses, dijo el republicano de California, Dana Rohrabacher.

Pero tres republicanos de Florida, los hermanos Lincoln y Mario Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, subrayaron que la medida beneficiará a jóvenes que sólo quieren contribuir con su talento y destrezas al crecimiento del país.

“Son precisamente el tipo de gente que queremos en este país”, dijo Mario Díaz Balart.

Ros-Lehtinen señaló que no es una “amnistía” porque los jóvenes no podrán recibir ayudas del Gobierno, pagarán multas y deben cumplir con todos los requisitos de la iniciativa.

Alrededor de 65.000 alumnos indocumentados se gradúan de secundaria cada año en EE.UU. pero ven sus carreras truncadas por falta de “papeles”.

Del universo de poco más de 2,1 millones de estudiantes indocumentados, el Instituto para Política Migratoria (MIP) calcula que, debido a los requisitos, sólo alrededor de 825.000 lograrán la residencia permanente.

Según cálculos oficiales, el Dream Act generará unos 2.300 millones de dólares a las arcas del Estado en la próxima década, y reducirá el déficit en unos 1.400 millones de dólares.

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