Los Peligros de “Comunidades Seguras” el Programa de Deportaciones de ICE

El gobierno de Trump a restablecido el Programa Comunidades Seguras, a pesar de la fricción que ha causado entre las autoridades locales y las comunidades que protegen.

Inmigrantes de El Salvador y Guatemala abordan un autobús después de ser liberados de un centro de detención familiar en Texas. Eric Gay / Associated Press

El gobierno de Trump a restablecido el Programa Comunidades Seguras, a pesar de la fricción que ha causado entre las autoridades locales y las comunidades que protegen. Aun cuando más de 300 ciudades rechazaron el programa por considerarlo anticonstitucional y peligroso durante el gobierno de Obama.

Comunidades Seguras es un programa de deportación en EE.UU. que depende de la asociación entre las agencias federales, estatales y locales para la aplicación de la ley. ICE es la agencia interna de control de inmigración al interior de Home Land Security, que la administradora el programa.

Comunidades Seguras comenzó como un programa piloto bajo el Presidente George W. Bush, pero fue ampliamente aplicado por la ex secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Obama, Janet Napolitano. Durante su mandato se deportaron alrededor de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos sin antecedente criminales.

Desde su aplicación en 2008, Comunidades Seguras se ha convertido en el tema de una controversia a nivel nacional. En las jurisdicciones donde Comunidades Seguras ha sido activado, cada vez que un individuo es arrestado y registrado en una cárcel local por cualquier razón, sus huellas dactilares se procesan electrónicamente a través de la base de datos de inmigración de ICE.

Esto le permite a ICE identificar a los no ciudadanos -incluidos los inmigrantes legales y los residentes permanentes – y potencialmente iniciar procedimientos de deportación en su contra. Debido a que se le aplica a las personas en el momento de la detención, Comunidades Seguras capta a personas que nunca han sido acusadas de un crimen estatal, incluyendo víctimas de delitos, testigos y personas sometidas a arrestos inconstitucionales.

Miembros de la comunidad local y funcionarios de todo el país han expresado su preocupación por el impactos de Comunidades Seguras sobre las libertades civiles, señalando entre otras cosas que (1) impide que los inmigrantes denuncien crímenes y reciban de otra manera igual protección de las leyes; (2) crea el riesgo de detención ilegal sin cargos criminales o audiencia; E (3) instiga a la elaboración de perfiles raciales por parte de las autoridades estatales y locales:

Hay que evitar que las personas accedan al sistema de justicia penal y reciban igual protección de las leyes.

Comunidades Seguras ha contribuido a la pérdida de confianza en la aplicación de la ley entre las comunidades de inmigrantes. Debido a que cualquier interacción con la policía y los sheriffs en las jurisdicciones de Comunidades Seguras conlleva el riesgo de aprehensión y deportación por el ICE, Comunidades Seguras disuade a los inmigrantes -incluyendo a los inmigrantes legales y a los residentes permanentes- de reportar crímenes, buscar protección contra la violencia doméstica, Procesamientos y recibir igual protección de las leyes garantizadas por la Decimocuarta Enmienda. Además, cuando los miembros de la comunidad tienen miedo de cooperar con la policía local, la policía local es menos capaz de prevenir y responder a todo tipo de delito. Esto pone en peligro la seguridad pública de todos, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

Crea el riesgo de detenciones ilegales.

Bajo Comunidades Seguras una vez que ICE identifica a un individuo a través de su base de datos, puede transmitir un “detención de inmigración” a la cárcel local. Un orden de detención no es una orden judicial. Sirve sólo para advertir a una cárcel local que ICE está investigando a un detenido bajo custodia de la cárcel, y para solicitar que la cárcel continúe manteniendo al detenido hasta 48 horas (excluyendo fines de semana y días festivos) después de la fecha de liberación del detenido. En la práctica, las ordenes de detención de inmigración pueden resultar en la detención de un individuo incluso si él o ella no está afrontando cargos estatales criminales y por lo tanto tendría derecho a su libertad. Y las solicitudes de ICE pueden prorrogar la detención de un individuo durante días, después de que se hayan resuelto sus cargos estatales, durante semanas, si la cárcel local no libera al individuo después de que expire el período de 48 horas. Por otra parte, el ICE no ha proporcionado ningún mecanismo por el cual los individuos puedan averiguar si están sujetos a una orden de detención de ICE y apelar una orden de estas, para liberar un detenido erróneo o quejarse ante las autoridades locales.

La elaboración de perfiles raciales por parte del estado y la aplicación de la ley local.
Comunidades Seguras le da a las agencias policiales locales un incentivo para registrar a la gente en la cárcel si sospecha que son inmigrantes indocumentados. Debido a que Comunidades Seguras comparte las huellas dactilares con ICE en la etapa de detención, en vez de ser acusado o condenado por el estado, ICE será notificado casi inmediatamente después de que un individuo sea detenido por la policía estatal o local. La detención es más tarde declarada ilegal o inconstitucional. Comunidades Seguras instiga así a las autoridades locales a arrestar a individuos “de aspecto extranjero” por infracciones menores o sin ninguna razón, simplemente para transmitir sus huellas dactilares al ICE e inducir a su posible deportación.

Los datos obtenidos a través de una demanda de la FOIA por el Centro de Derechos Constitucionales (CCR), la Red Organizadora de Trabajadores del Día Nacional (NDLON) y la Escuela de Derecho de Cardozo muestraron que desde la fecha de activación de Comunidades Seguras hasta abril de 2010 en algunas localidades -incluyendo El Condado de Maricopa, Arizona, y el Condado de Travis, Texas, la proporción de individuos arrestados y deportados bajo Comunidades Seguras que no tenían convicciones penales fue dramáticamente mayor que el promedio nacional. Estos datos sugieren que, al igual que el muy criticado programa 287 (g) del gobierno federal, el Comunidades Seguras puede crear una atmósfera de impunidad, dando luz verde a los arrestos por motivos raciales por infracciones menores.

ICE no ha ofrecido respuestas significativas a estas serias preocupaciones de las libertades civiles. En cambio, se ha comprometido a seguir adelante con el programa y lo ha hecho con gran velocidad y mínima transparencia. Desde que Comunidades Seguras fue lanzado por primera vez en 2008, ICE ha ampliado el programa a cientos de localidades en todo el país, y afirma estar en camino de extender aún más Comunidades Seguras en todo el país.

Los inmigrantes y grupos de derechos civiles, así como algunos oficiales de la policía local dijeron que las comunidades seguras hicieron más difícil la vigilancia porque los inmigrantes temerosos o resentidos de la cooperación con las autoridades federales de inmigración no se presentaban para reportar crímenes o ayudar con información o testimonios que pudieran ser útiles en investigaciones policiales.

En un artículo publicado en la prestigiosa Revista de Derecho y Economía, Thomas J. Miles y Adam B. Cox encontraron que las Comundades Seguras no tenía ningún efecto sobre las tasas locales de delincuencia. Elina Treyger, Aaron Chalfin y Charles Loeffler hallaron asimismo que la Comunidades Seguras no tenía ningún efecto sobre las tasas de delincuencia locales. Sus hallazgos sugieren varias cosas. Uno, Comunidades Seguras no hizo las comunidades más seguras de la delincuencia. Dos, los inmigrantes ilegales son menos propensos a la delincuencia que mucha gente piensa y probablemente ostentas el mismo nivel de criminalidad que los nativos. En tercer lugar, la cooperación de una comunidad con el gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración no parece aumentar los índices de criminalidad (algunas personas sugieren que tal cooperación hace que la policía sea menos efectiva).

A pesar del impacto positivo de los inmigrantes en la economía y la sociedad de los Estados Unidos, el tenor de las políticas del gobierno de Trump en este aspecto amenaza con llevar a los Estados Unidos a un ambiente de políticas más restrictivas. Aumento de la tensión sobre los inmigrantes – así como posibles restricciones a la inmigración legal y al reasentamiento de refugiados Impondrá costos fiscales a los contribuyentes y amenazará a los inmigrantes, sus familias y sus comunidades en todo el país. La intensificación de las detenciones y deportaciones no sólo le costará a los contribuyentes miles de millones de dólares, sino que también desintegrará a las familias y podra en peligro a las personas vulnerables – como sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual en Estados Unidos, así como mujeres y niños huyendo de la violencia en sus países de origen.

Por otro lado las detenciones masivas y sin control son una bendición para las compañías privadas de prisiones. Con las órdenes ejecutivas del gobierno de Trump y la aplicación de Comunidades Seguras se amplían enormemente la detención de inmigrantes cerca de la frontera suroeste, requiriendo que todos los extranjeros arrestados “bajo sospecha de violar leyes federales o estatales” sean detenidos mientras pasan por un tribunal. En la actualidad, el Congreso proporciona fondos para alrededor de 34.000 camas de detención de inmigrantes cada noche, un número que tendría que crecer dramáticamente.

El Departamento de Seguridad Nacional nunca siguió el ejemplo del Departamento de Justicia, que el año pasado prometió eliminar a los contratistas privados de prisión con fines de lucro. Thomas Homan, el nuevo director interino de ICE, dijo que los funcionarios se apresuran a firmar contratos y localizar instalaciones. A lo largo de la frontera, nuevos centros de detención abrirán sus puertas, algo que las comunidades fronterizas no han visto en años.

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