Tres Expresidentes Peruanos Enjuiciados por Corrupción

Ollanta Humala y esposa estan en la carcel, al ex presidente Alejandro Toledo, se le acusa de haber recibido US$20 millones de Odebrecht y esta profugo y Alan Garcia tiene un caso abierto por corrupción

Ex presidentes del Perú: Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, acusados de corrupción.

En el Perú las “coimas” (como se le llama a los sobornos) son una institución en el sector público y policial. Principalmente por que los empleados están muy mal pagados. Por generaciones la impunidad e injusticia con que operaban los jerarcas y lideres políticos era motivo de frustración, humillación resignación del pueblo peruano. Siempre fue visto como un mal endémico.

El caso de Alan García Pérez es uno de los más escandalosos y trágicos en la historia de la corrupción en el Perú. Por ejemplo: durante el primer gobierno socialdemócrata García Pérez, (1985-1990) se centralizaron todas las operaciones financieras en el gobierno. Algo parecido a lo que ocurre en Venezuela actualmente. Para que un empresario importe cualquier producto tenía que tener autorización del gobierno central para obtener los dólares necesarios. El funcionario a cargo de esta “aprobación” era conocido como “10%” y se decía que este le transfería la plata directamente a García Pérez. Un empresario que no sobornara a este individuo podía esperar años sin que reciba la autorización para importar, aunque haya cumplido con todos los requisitos legales para dicha operación.

También hubo casos de sobornos directos al presidente que se ventilaron en la prensa. Este fue el caso de la compañía que gano el contrato para construir un tren eléctrico en la ciudad, los testigos explicaron con lujo de detalles, como le pagaron en cash los sobornos a García Pérez. La inflación, como es actualmente en Venezuela, batió un record mundial y hubo que inventar otra moneda. El agua y la luz, estaban racionados en la capital, no había alimentos y los narcotraficantes lavaban dinero en el mercado negro de dólares que funcionaba como una economía paralela a la oficial. El caos era generalizado y amenazaba la estabilidad de la región.

La lista de casos de soborno durante este gobierno es larga. Tan larga que se creó una atmosfera de frustración y decadencia en la sociedad. Situación que aprovecho muy bien el terrorismo. Por increíble que parezca García acabo su mandato impune y años después fue reelecto presidente.

Durante el gobierno del sucesor de García, el presidente Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, la corrupción siguió su curso nefasto. Fujimori implemento, lo que el periodista Gustavo Gorriti llamo, “una democracia Travesti”, es decir: por fuera era una democracia pero por dentro era una dictadura.

Bajo el régimen de Fujimori se creo un afinado sistema de robos, sobornos y lavado de dinero. Hasta los narcotraficantes pagaban cupo para operar libremente. Se descubrieron videos donde el capitán Montesinos, encargado de hacer los trabajos sucios de Fujimori, le pagaba millones de dólares al dueño del diario Expreso para que este sea leal al gobierno. Por esa época por las cámaras del capitán desfilaron personajes del sector público y privado que recibían o cobraban “coimas”.

El expresidente Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 anos en prisión por dos delitos de violación de los derechos humanos y diez de corrupción.

Fujimori gobernó bajo un sutil estado policial, violento, que le permitió robar a manos llenas. La represión contra líderes sindicales, empresarios que no pagaban cupo, y cualquiera que se oponga al régimen era violenta. Al escritor peruano Mario Vargas Llosa le quisieron quitar la nacionalidad por criticar al régimen y tuvo que adquirir la nacionalidad española y refugiarse en España. Finalmente, después de figarse al Japón y renunciar por fax a la presidencia, fue repatriado al Perú y actualmente cumple una condena de 25 anos de prisión por dos delitos de violación de los derechos humanos y diez de corrupción.

Tan increíble como son las historias de corrupción del gobierno peruano son los juicios contra tres de los presidentes que protagonizaron actos de corrupción que actualmente se ventilan en el Perú. Jamás se imaginó un peruano que iba a ver un expresidente preso por corrupción o por crímenes cometidos durante su mandato. Pero, como reza el dicho en el Peru: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” pues los peruanos se cansaron de dejar impunes los crímenes de los mandatarios que robaron durante su gestión.

Al momento en que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia ingresaban a la carceleta del Palacio de Justicia, tras la orden de prisión preventiva dictada por un juez, fue una sorpresa generalizada en la agitada historia reciente del Perú: es el segundo encarcelamiento de un exgobernante en menos de una década, el primero de la era democrática, y es casi seguro que no será el último.

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La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho se produce en medio de una crisis sin precedentes: por estos días hay un tercer expresidente del Perú con orden de captura: Alejandro Toledo. La Fiscalía le imputa a Toledo los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, luego que Jorge Barata —hombre fuerte de Odebrecht en Perú— confesara que entregó US$20 millones en coimas, al entonces mandatario a cambio de obtener la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur.

La Interpol le concedió al gobierno de Perú la activación de la llamada alerta roja para efectuar el arresto de Toledo, en cualquiera de los 190 países miembros que se encuentre. Además, el gobierno peruano ofrece una recompensa de unos 31.000 dólares por información que conlleve a su captura. El exmandatario esta prófugo.

Asi mismo hay una investigación abierta, Alan García. Un fiscal anticorrupción abrió una investigación preliminar contra el expresidente García por sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y comenzó a indagar sobre sus reuniones con ejecutivos de la compañía.

Fuentes del ministerio público confirmaron que la pesquisa está referida a la admisión por directivos de Odebrecht a que durante el gobierno de García (2006-11) sobornaron a altos funcionarios para obtener la concesión de dos tramos del Metro de Lima.

Todos presuntamente involucrados en la marejada de corrupción destapada en los últimos años, vinculada con el lavado de dinero y el financiamiento de obras públicas y campañas electorales. Son los tres gobernantes que debían reconstruir el país tras la dictadura de Alberto Fujimori, preso por delitos contra los derechos humanos.

Ollanta Humala, el ex presidente peruano preso junto a su esposa Nadine Heredia por los sobornos de Odebrecht

En un giro que no se había previsto, Humala fue recluido en la misma prisión que Fujimori.

La decisión del juez que lleva el caso de Ollanta Humala y su esposa —el mismo que ha ordenado la captura internacional de Toledo— no es todavía una condena, pero ha sonado con ese tono. La medida es en realidad una orden para que ambos afronten en prisión el juicio que se les sigue por lavado de activos. Están acusados de haber obtenido financiamiento ilícito para las dos campañas electorales, de 2006 y 2011, que permitieron la llegada al poder del antiguo comandante del Ejército Peruano.

Humala y Heredia, fundadora y en ese momento secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista, “habrían recibido dinero extraído ilegalmente del tesoro público de la República Bolivariana de Venezuela”, señala una parte de la solicitud de prisión preventiva del fiscal, de más de noventa páginas. Según este punto, el dinero habría sido enviado por el entonces presidente Hugo Chávez, quien se declaraba su aliado estratégico, mediante transferencias realizadas por dos empresas de ese país y también a manos de personas de confianza, “como agregados militares y diplomáticos”.
El Ministerio Público señala que Humala y Heredia fueron los encargados directos de manejar esos fondos, que eran administrados por un hermano de la ex primera dama. Entre las decenas de documentos y otras pruebas del caso, el fiscal incluye declaraciones de allegados a la campaña sobre la dinámica interna del partido y el testimonio de un testigo protegido que asegura haber acompañado a la pareja, en enero del 2006, a la embajada de Venezuela, donde supuestamente recogieron un par de maletas cargadas de billetes de cien dólares.

La acusación señala que la pareja aplicó diversos mecanismos para ocultar el origen del dinero. “Nadine Heredia para dar legalidad al dinero de origen ilícito que percibía, simulaba contratos laborales por presuntos servicios que prestaba”, indica el documento fiscal en referencia a supuestas consultorías realizadas por Heredia, en su momento investigadas por la prensa local.

Otra parte de los ingresos fueron justificados como aportes de campaña de ciudadanos comunes. La fiscalía ha reunido los testimonios de 65 ciudadanos que niegan haber realizado los aportes que les habían atribuido, por un monto de medio millón de dólares.

Dinero para la campaña de Humala, habría sido según la acusación legal: “extraído ilegalmente del tesoro público de la República Bolivariana de Venezuela” y enviado por el entonces presidente Hugo Chávez, quien se declaraba su aliado estratégico, mediante transferencias realizadas por dos empresas de ese país y también a manos de personas de confianza, “como agregados militares y diplomáticos”.

El financiamiento venezolano fue siempre un cadáver en el clóset del partido de Humala, pero la evidencia que terminó de complicar su situación llegó con el mayor escándalo de corrupción de América Latina: el Caso Lava Jato.

El primer indicio apareció en febrero del 2016, cuando se reveló que la Policía Federal brasileña había encontrado referencias al expresidente en las agendas del magnate Marcelo Odebrecht, a quien investigaba por pagos ilícitos a políticos de su país. Según reveló el medio de investigación peruano IDL-Reporteros, en la documentación incautada al empresario se encontró la anotación ‘Proyecto OH’, que estaba relacionada al pago de 3 millones de dólares, sin precisar en ese momento el propósito del pago.
La referencia se confirmó en abril del 2017, cuando el magnate confesó haber entregado ese dinero a Humala como parte de un aporte a su segunda campaña presidencial. La contribución había sido una solicitud directa de un exministro de Finanzas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el otro aliado ideológico de Humala en la región y quien acaba de ser condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, precisamente un día antes de que Humala recibiera la orden de prisión preventiva.

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El fiscal del caso, Germán Juárez Atoche, incluye en su denuncia el testimonio que una comisión del Ministerio Público peruano obtuvo en mayo del propio Marcelo Odebrecht, como parte de un acuerdo de cooperación internacional con la fiscalía de Brasil. El empresario se ratificó en los hechos y agregó que la pareja lo visitó en su casa, cuando Humala ya era presidente electo, para agradecerle el apoyo. Según Jorge Barata, el jefe de la empresa constructora en el Perú, fue Nadine Heredia quien recibió el dinero, repartido en cuatro entregas.

El encarcelamiento de Ollanta Humala y Nadine Heredia abre una válvula de escape al escándalo de corrupción que afecta a los principales partidos políticos. Pero incluso algunos de sus enemigos acérrimos han reclamado el mismo rigor para investigar al expresidente Alan García y a la lideresa de la oposición Keiko Fujimori, quienes han sido mencionados de manera explícita en el mismo testimonio que ha llevado a Humala a prisión.

El empresario Odebrecht, preso por corrupción en Brasil, admitió que su compañía contribuyó económicamente en Perú con las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, que estuvo a punto de ganar las elecciones del 2016 en el Peru. De acuerdo con el portal IDL-Reporteros, que integra la red de periodistas que investigó los Panama Papers, el empresario brasileño hizo estas revelaciones ante un fiscal peruano que lo interrogó en Curitiba.

Marcelo Odebrecht declaró el 15 de mayo en Brasil ante un fiscal peruano que su firma pagó $29 millones en Perú entre el 2005 y el 2014 para ganar obras públicas. Este período contempla los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Los tres se han declarado inocentes.

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